“Los condados con el programa 287(g) comienzan a convertirse en canales de deportación,” dice una defensora en Georgia

En Dalton, a unas 90 millas al noroeste de Atlanta, defensores de los inmigrantes han estado tocando puertas y publicando contenido constantemente en Facebook desde principios de este año. Incluso compraron un anuncio de radio. Su objetivo: educar a los miembros de la comunidad sobre cómo movilizarse de manera segura—ir al trabajo, hacer diligencias, llevar a sus hijos a la escuela—sin ser detenidos.

Esto se debe a que en Georgia, las personas sin estatus migratorio legal no pueden obtener licencias de conducir, y tareas simples como estas pueden ponerlas en riesgo de ser detenidas—lo que las expone a una posible detención y deportación.

La Coalición de Líderes Latinos—una organización de defensa de los derechos latinos en Dalton, ubicada en el condado de Whitfield—lanzó por primera vez esta campaña educativa llamada Ruta de la Libertad, o Route to Freedom, en 2009. Más de una década después, la organización relanzó la campaña al enterarse de que más personas están terminando en detención migratoria tras una parada de tráfico.

Tan solo entre febrero y junio de este año, la organización ha tenido conocimiento de al menos 35 personas que terminaron detenidas en el condado de Whitfield, seguidas de un traslado a un centro de detención migratoria. El año pasado, el grupo documentó solo dos casos. El aumento en las cifras, explicó America Grunner, directora ejecutiva de la Coalición, se debe a la participación del departamento del alguacil local en el programa 287(g) y forma parte de la ofensiva migratoria nacional de la administración Trump.

En el condado de Whitfield, donde casi el 40 por ciento de la población es hispana o latina, la oficina del alguacil local firmó su primer acuerdo 287(g) en 2008—un arreglo en el que las agencias policiales locales colaboran con agentes federales de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés) en la aplicación de leyes migratorias en las comunidades. 

El aumento en arrestos que America observa a nivel local está en línea con las tendencias nacionales, ya que la administración Trump depende del programa 287(g) y de las fuerzas del orden locales para impulsar su objetivo de deportaciones masivas. Los acuerdos 287(g) entre agencias locales y el gobierno federal han aumentado un 419 por ciento desde que Trump asumió el cargo, con 700 acuerdos vigentes en 40 estados.

Desde 2009, la Coalición de Líderes Latinos ha llevado a cabo la campaña Ruta de la Libertad de forma intermitente, según las prioridades migratorias de cada administración presidencial; la campaña estuvo inactiva el año pasado bajo la administración Biden, debido a que hubo muy pocos reportes de personas puestas en detención tras una parada de tráfico.

Los arrestos relacionados con los acuerdos 287(g) no atraen el mismo tipo de atención nacional que, por ejemplo, las redadas en lugares de trabajo—lo que, según algunos defensores, los convierte en una forma más insidiosa de aplicación de la ley migratoria. En Dalton, “los agentes de inmigración no han venido a hacer arrestos masivos ni a llevarse gente de las calles,” dijo America. “Pero hemos tenido demasiados arrestos por culpa del 287(g).”

Esto es lo que necesitas saber sobre cómo funciona este programa federal en Georgia.

¿Qué es el 287(g) y qué hace?

El programa toma su nombre de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una disposición firmada como ley en 1996 como parte de un paquete más amplio de reformas migratorias. El programa permite que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) firme acuerdos formales con agencias estatales o locales de seguridad pública para que puedan realizar algunas funciones de los agentes federales de inmigración. Los oficiales de las agencias participantes reciben capacitación para llevar a cabo operaciones de control migratorio.

Las agencias locales pueden firmar tres tipos distintos de acuerdos:

• Modelo de cumplimiento en cárceles (jail enforcement): Este modelo autoriza a los oficiales a interrogar a personas no ciudadanas que han sido arrestadas y preguntarles sobre su estatus migratorio. Los oficiales pueden emitir detenciones migratorias—solicitudes administrativas de ICE para que las agencias policiales retengan a las personas no ciudadanas hasta por 48 horas después de que deberían haber sido liberadas.
  
• Modelo de oficiales para ejecutar órdenes judiciales (Warrant Service Officer): ICE capacita a oficiales estatales o locales para ejecutar órdenes de arresto de ICE y detener personas en su nombre. Esto permite a los oficiales asumir funciones de arresto similares a las de los agentes migratorios dentro de cárceles o centros de detención.
  
• Modelo de fuerza operativa (Task Force): Permite a las fuerzas de seguridad estatales o locales llevar a cabo actividades de control migratorio como parte de sus funciones diarias. Por ejemplo, pueden pedir información sobre el estatus migratorio de una persona durante una parada de tráfico. ICE se refiere a este modelo como un “multiplicador de fuerza”.
  

¿Qué condados en Georgia tienen acuerdos 287(g)?

Además de la Oficina del Alguacil del Condado de Whitfield, 25 condados más en Georgia tienen acuerdos 287(g), y otros cuatro están en proceso de firmarlos. A nivel estatal, el Departamento de Seguridad Pública de Georgia (es decir, la Policía Estatal de Georgia) participa en un acuerdo bajo el modelo de fuerza operativa, al igual que el Departamento de Correcciones de Georgia, que opera bajo el modelo de cumplimiento en cárceles.

Bajo la Ley de la Cámara de Representantes de Georgia HB 1105, aprobada en 2024, se requiere que las policías y oficinas del alguacil de todo el estado soliciten acuerdos 287(g) con ICE. Además, la ley permite que el estado retenga ciertos fondos estatales o fondos federales administrados por el estado si los gobiernos locales no cumplen. La ley—cabe destacar—no especifica que las agencias deban firmar dichos acuerdos. Aun así, desde que la ley fue aprobada, el número de condados que han solicitado participar ha aumentado drásticamente, según un informe de Asian Americans Advancing Justice Atlanta.

285 South se comunicó con departamentos de policía en el área metropolitana de Atlanta para conocer su participación en el programa 287(g), y esto fue lo que encontramos:

• Condado de Forsyth: Acuerdo bajo el modelo de oficiales para ejecutar órdenes judiciales (Warrant Service Officer).
  
• Condado de Hall: Modelo de cumplimiento en cárceles. Derreck Booth, vocero del condado, indicó que Hall forma parte del programa 287(g) como lo requiere la ley estatal HB 1105. Entre el 1 de enero y el 1 de abril de este año, el condado recibió 68 detenciones migratorias para personas detenidas en la cárcel del condado, según un informe oficial trimestral.
  
• Condado de DeKalb: El Departamento de Policía del Condado de DeKalb no participa en acuerdos 287(g) ni colabora con operaciones de control migratorio, según indicó un vocero.
  
• Condado de Fulton: El Departamento de Policía del Condado de Fulton (FCPD) indicó que notifica a ICE cuando una persona ha cumplido con todos los cargos penales, y le da 24 horas a ICE para que recoja a la persona, a menos que hayan recibido un mensaje administrativo solicitando una retención.
  
• Departamentos de Policía de Gwinnett, Cobb y Atlanta: No respondieron a nuestra solicitud de comentarios.

¿Qué dicen los defensores en Georgia sobre el 287(g)?

Un problema con estos acuerdos, según Gigi Pedraza directora ejecutiva del Latino Community Fund–Georgia, es que cuando los oficiales llegan a una comunidad para hacer cumplir una orden de arresto contra alguien con antecedentes penales, también pueden detener a personas indocumentadas que simplemente estén cerca. A esto se le conoce como arrestos colaterales.

Además, dijo Gigi, personas que han estado en procesos de deportación durante años y que no han cometido ningún delito también han sido detenidas por agentes federales. Según reportes de medios locales, funcionarios de inmigración han estado en los pasillos de las cortes en Atlanta esperando a que la gente llegue a sus audiencias para revisar sus documentos.

“Los condados con 287(g) comienzan a convertirse en canales de deportación,” dijo Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa en Project South, una organización dedicada a erradicar la pobreza y el racismo en el sur del país. Por ejemplo, explicó, una persona puede ser detenida por un oficial de policía local por una infracción de tránsito y llevada a la cárcel. Bajo el modelo de cumplimiento en cárceles del 287(g), los oficiales locales informan a ICE sobre la persona detenida, y ICE puede emitir una detención migratoria, iniciando así su proceso de deportación.

“Actualmente hay un ambiente de represión intensificada; pero esa ha sido la realidad en Georgia desde 2007, cuando comenzaron a implementarse los primeros acuerdos 287(g), así que hemos vivido esto en el terreno desde hace mucho tiempo”, dijo Azadeh.

Por ejemplo, personas detenidas por infracciones menores de tránsito pueden permanecer bajo custodia de las autoridades locales si ICE pide que las retengan hasta que puedan recogerlas.

“A veces, si ICE ha emitido una detención migratoria, las personas han sido retenidas por períodos prolongados sin una orden judicial. Eso es inconstitucional y es ilegal, y sin embargo, vemos que condados en toda Georgia continúan haciéndolo,” afirmó Azadeh.

Durante la primera administración de Trump, Azadeh recuerda que algunos gobiernos locales tenían políticas de “no detención”, destinadas a enviar un mensaje a las comunidades de que no colaborarían con ICE. Pero eso no ha sucedido durante el segundo mandato de Trump.

Para evitar encuentros con agentes federales de inmigración, Gigi recomienda que las personas no manejen a menos que tengan licencia de conducir; si van a manejar, que no consuman alcohol, respeten los límites de velocidad, tengan un contacto de emergencia, su identificación y copias de sus documentos en un lugar seguro, y el número de su consulado en caso de ser arrestados.

Además, señaló: “Si eres pasajero y no estás bajo sospecha de haber cometido un delito o haber ayudado en uno, no deberías ser detenido ni arrestado.”

¿Qué hay de nuevo con el 287(g) bajo la administración Trump?

El día que fue investido para un segundo mandato, tras haber hecho campaña con promesas de mano dura en materia migratoria, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, titulada “Proteger al Pueblo Estadounidense contra la Invasión”. Esta orden instruye al Secretario de Seguridad Nacional a firmar acuerdos 287(g) con agencias estatales y locales de cumplimiento de la ley.

A nivel nacional, cientos de agencias policiales locales han firmado acuerdos con agentes federales desde el regreso de Trump al poder. Hasta el 14 de abril de 2025, ICE había firmado más de 450 memorandos de entendimiento (MOAs) para programas 287(g) en 38 estados, según la organización sin fines de lucro National Immigration Forum.

De manera similar a la ley HB1105 en Georgia, estados como Florida, Virginia y Texas han aprobado leyes que ordenan a las autoridades locales firmar acuerdos 287(g) con el gobierno federal.

¿Cómo han respondido las comunidades y los negocios en Georgia?

En el condado de Hall, los residentes hispanos viven con más precaución porque saben que habitan en una zona con un acuerdo 287(g), explicó Ulyssa Soto, organizadora comunitaria que trabaja con el Latino Community Fund–Georgia. Desde que Trump asumió el cargo, la gente dejó de reunirse en una pequeña placita local.

“No sabían si los arrestos iban a ser solo para personas con órdenes judiciales, o para todos,” dijo Ulyssa. Aunque con el tiempo la gente volvió a reunirse allí, ahora lo hacen con mucha más cautela, ya que han notado una mayor presencia policial en las calles, señaló.

También mencionó que los miembros de la comunidad están más interesados en conocer sus derechos.

“Trato de reabastecer [las tarjetas rojas o folletos] en los negocios al menos una vez al mes,” dijo Ulyssa, refiriéndose a las tarjetas de bolsillo que informan a las personas sobre sus derechos cuando interactúan con agentes migratorios. Las distribuye cuando realiza pruebas de salud con el Latino Community Fund—al menos una vez por semana—y cada vez que se encuentra con un trabajador jornalero.

No es la única que está educando a la comunidad, comentó: “He notado un aumento de jóvenes latinos que quieren participar en todo lo que tenga que ver con la educación comunitaria sobre Conozca Sus Derechos.”

En otras partes del estado, los negocios también están sintiendo la presión de los acuerdos 287(g) y de las operaciones migratorias, incluso si se encuentran en jurisdicciones que oficialmente no tienen un acuerdo con la agencia federal. Por ejemplo, en el sur de Georgia, propietarios de granjas le han dicho al Latino Community Fund que su personal no se está presentando a trabajar por miedo, según explicó Gigi Pedraza.

Operativos de inmigración, como uno reciente en Marietta que resultó en el arresto de 12 personas que trabajaban en un salón de uñas, han generado un efecto paralizante entre los trabajadores inmigrantes en múltiples sectores.

“Varios pequeños negocios con los que trabajamos, que dependen en gran parte de la clientela inmigrante, vieron que más de la mitad de sus clientes no se presentaron en los días siguientes, y parte del personal tampoco fue a trabajar,” dijo Gigi.

En Plaza Fiesta, en Buford Highway, los negocios también están sufriendo:
“La gente sigue teniendo miedo, esa es la realidad que estamos viendo,” dijo Gigi. “No se trata solo de los inmigrantes o de negocios de inmigrantes—esto afecta a todos los que conocemos. Incluso algunas empresas de construcción han reportado que la gente ya no quiere ir a trabajar.”

En Dalton, conocida como la “Capital Mundial de las Alfombras,” America Grunner también ha escuchado de parte de dueños de negocios hispanos que sus clientes están yendo con menos frecuencia, y que en supermercados de grandes cadenas, los estantes permanecen llenos porque menos personas hispanas están comprando alimentos allí.

Aunque para muchas personas puede resultar desalentador cambiar su forma de movilizarse como lo aconseja la campaña—evitando manejar sin licencia—America aclaró que no se trata de rendirse:

“Al contrario, es tomar el control y tomar la decisión de no ser arrestado, al menos no mientras se está manejando.”