Madre del condado de DeKalb —demandante en un caso sobre la ciudadanía por nacimiento— celebra el fallo de la Corte Suprema

El martes por la tarde, Andrea estaba en su casa, en el condado de DeKalb, cuidando a su hijo de un año cuando recibió la llamada que había estado esperando. Era de Alberto Feregrino, uno de los principales organizadores de la organización de defensa de los inmigrantes We Are CASA en Georgia. La Corte Suprema de Estados Unidos, le dijo Alberto, acababa de emitir una esperada decisión que mantenía el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, una buena noticia para muchos inmigrantes y sus defensores, y también para Andrea.

“Me llamó Alberto y me dijo que habíamos ganado y que era un logro más para la asociación”, contó Andrea.

En una decisión de 6 votos contra 3, la Corte Suprema rechazó una orden ejecutiva emitida en 2025 por el presidente Donald Trump que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Decimocuarta Enmienda y considerado durante mucho tiempo un principio constitucional establecido, según el cual toda persona nacida en territorio estadounidense adquiere automáticamente la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

El año pasado, Andrea —quien nació en México y pidió que se utilizara un seudónimo porque no tiene estatus migratorio legal en Estados Unidos— se convirtió en demandante en otro caso que impugnaba la orden ejecutiva. La medida habría otorgado la ciudadanía únicamente a los recién nacidos con al menos uno de sus padres ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Cada año, más de 255,000 bebés nacen en Estados Unidos de padres con un estatus migratorio temporal o indocumentados. De haberse eliminado la ciudadanía por nacimiento, más de 2.7 millones de personas podrían haber quedado sin estatus legal para 2045, según el Migration Policy Institute, creando una “subclase multigeneracional que se perpetúa a sí misma”.

Andrea, integrante de CASA y participante habitual en los talleres educativos organizados por la organización, aceptó de inmediato cuando Alberto le preguntó, en enero de 2025, si quería ser parte de la demanda. En ese momento tenía alrededor de siete meses de embarazo y le preocupaba que la orden —que estaba prevista para entrar en vigor 30 días después de su emisión— pudiera privar a su hijo de la ciudadanía estadounidense.

“Fue un placer haber apoyado porque gracias a eso todos los niños tienen sus derechos aquí, su ciudadanía”, dijo. 

Durante unos seis meses, Andrea participó en reuniones virtuales mensuales con abogados que le explicaban los riesgos de perder el caso, contó. Pero también pensaba en lo que ocurriría si ganaban.

“Si ganábamos, pues ya todos los niños saldrían beneficiados. Todos, al igual que nosotras como mamás, porque nadie iba a permitir que su hijo perdiera sus derechos aquí”, dijo.

Sus dos hijos adolescentes, nacidos fuera de Estados Unidos, sabían que ella estaba trabajando en algo importante y se portaban muy bien cada vez que tenía que conectarse a una reunión, recordó. Les explicó que en el país estaban ocurriendo situaciones complicadas, pero que ella tenía que ayudar a la organización para proteger a su hermano menor.

“Ellos entendieron, me escucharon y todo tranquilo. Incluso a veces hasta me cuidaban al bebé”, recordó entre risas.

En 2025, la Corte Suprema emitió un fallo en el caso Trump v. CASA, en el que Andrea era una de las cinco demandantes, todas mujeres embarazadas. La decisión no abordó directamente la ciudadanía por nacimiento ni la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump. En cambio, respondió a que varios jueces federales de distrito habían suspendido la aplicación de la orden, al dictaminar que esos jueces no podían emitir medidas cautelares de alcance nacional para bloquear políticas del Poder Ejecutivo. En su lugar, los tribunales inferiores sólo podían otorgar medidas cautelares que protegieran a los demandantes del caso, como Andrea.

Eso significaba que, como demandante en Trump v. CASA, el bebé de Andrea estaba protegido, pero el futuro de la ciudadanía por nacimiento seguía siendo incierto. En ese momento, dijo, sintió mucho miedo. Decidió no contarles el resultado a sus hijos mayores.

“No les compartí nada porque les iba a dar miedo. Les daba miedo perder a su hermanito, sentían que se los quitaba el gobierno, les daba miedo”, dijo.

El verano pasado, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una nueva demanda, Trump v. Barbara. La Corte Suprema escuchó los argumentos esta primavera y emitió su decisión ayer.

“Nos alegra ver que la Constitución fue reafirmada”, dijo Alberto Feregrino a 285 South pocas horas después de conocerse el fallo. “Es nuestra Constitución, no un solo presidente quien decide quién es considerado ciudadano de este país por nacimiento”, afirmó. “Estamos inmensamente felices de que eso haya sido reafirmado”.

Por su parte, el presidente Trump publicó en redes sociales que la decisión era “una lástima” para el país e instó al Congreso a impulsar una ley que elimine la ciudadanía por nacimiento.

Andrea, mientras tanto, está satisfecha de haber podido defender los derechos de su hijo de un año y los de todos los niños nacidos en Estados Unidos. “Me dio mucho gusto por todos los niños que ahora sí puedan vivir tranquilos ya con sus derechos. Mi hijo que esté tranquilo, con sus derechos”, dijo.