Después de una ley de Georgia de 2024 dirigida a inmigrantes indocumentados que cometen delitos, las detenciones en Gwinnett County han aumentado considerablemente por infracciones de tránsito

Alrededor de las 10:30 p. m. a principios de marzo de 2025, Cristhian Martinez Gallardo regresaba a casa en Norcross con su novia —habían intentado hacer un depósito en un banco, solo para darse cuenta de que ya estaba cerrado— cuando la policía lo detuvo por no llevar las luces delanteras encendidas. Cuando el agente le pidió a Cristhian su licencia de conducir, no tenía nada que mostrarle: nacido en México, Cristhian se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio legal y, por lo tanto, según la ley de Georgia, no podía obtener una licencia.

Fue arrestado, llevado a la cárcel del condado de Gwinnett y retenido hasta la mañana siguiente, cuando pagó la multa de tránsito —por conducir sin licencia, un delito menor— y esperaba ser puesto en libertad.

Pero Cristhian no salió esa mañana ni la siguiente. En una llamada de WhatsApp con 285 South desde Oaxaca, México, donde ahora vive, recuerda haber pasado unas 72 horas encerrado en la cárcel del condado de Gwinnett. Sintió que el personal de la cárcel estaba retrasando su liberación: “Me dijeron que todavía no pasaba el pago”, dijo. “Ya cuando empecé a preguntar y a presionarlos, justamente cuando iba yo casi de salida me cerraron la puerta”. Poco después, agentes federales llegaron para llevárselo bajo custodia.

Cristhian dijo que fue trasladado a dos cárceles y finalmente a Stewart Detention Center, un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Lumpkin, donde permaneció unos tres meses. En mayo de 2025 fue deportado a México.

La razón por la que Cristhian permaneció más tiempo en la cárcel del condado de Gwinnett fue una solicitud de retención migratoria de ICE, conocida como ICE detainer: una solicitud por escrito de las autoridades federales para que las agencias locales mantengan bajo custodia a personas sospechosas de no tener estatus migratorio legal en Estados Unidos. Una vez que ICE emite una solicitud de este tipo, según las regulaciones federales, las cárceles locales pueden mantener a una persona detenida hasta 48 horas adicionales después del momento en que de otro modo habría sido puesta en libertad, para darles a las autoridades migratorias la oportunidad de asumir su custodia.

Las solicitudes de retención migratoria no son algo nuevo. Pero su uso en Georgia aumentó considerablemente a raíz de la ley 1105 de la Cámara de Representantes (House Bill 1105), una medida aprobada en 2024 que obliga a las agencias del orden público a cumplir con estas solicitudes, que anteriormente eran voluntarias. Ahora, bajo la HB 1105, si las agencias no cumplen, se arriesgan a perder fondos estatales o fondos federales administrados por el estado.

La ley fue aprobada por la Legislatura, controlada por los republicanos, después del arresto de un inmigrante indocumentado de Venezuela en relación con el asesinato de Laken Riley ocurrido en febrero de 2024 en el campus de la Universidad de Georgia, en Athens. El patrocinador del proyecto, el representante Jesse Petrea, argumentó que la medida reforzaría la seguridad pública. Otros de sus partidarios dijeron lo mismo. “En Georgia haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que no se permita que los delincuentes anden libres y aterroricen a las comunidades”, dijo el gobernador Brian Kemp, quien promulgó la medida.

285 South presentó una solicitud de registros públicos al condado de Gwinnett, el segundo condado más poblado del estado y también el más diverso, para determinar cuántas personas han sido objeto de solicitudes de retención migratoria de ICE desde que la ley entró en vigor en mayo de 2024, quiénes eran y en qué circunstancias fueron arrestadas inicialmente. La HB 1105 entró en vigor en mayo de 2024 y la aplicación de las leyes migratorias federales se intensificó a nivel nacional en 2025. Los datos que analizamos muestran qué cambió después de que entró en vigor la ley, pero no está claro hasta qué punto el aumento en las medidas de control migratorio se debe a la ofensiva federal más amplia.

Descubrimos que Cristhian es una de unas 1,900 personas ingresadas en la cárcel del condado de Gwinnett que recibieron solicitudes de retención migratoria entre enero de 2023 y febrero de 2026. Al comparar períodos de igual duración antes y después de la entrada en vigor de la ley en mayo de 2024, el número de solicitudes de retención migratoria en Gwinnett aumentó aproximadamente dos tercios, alrededor de un 68 por ciento. Las detenciones han aumentado de manera desproporcionada por infracciones de tránsito y otros delitos menores, mientras que la proporción de personas acusadas de delitos más graves ha disminuido.

Desde la entrada en vigor de la HB 1105, la proporción de solicitudes de retención migratoria correspondientes a personas ingresadas en la cárcel por robo, allanamiento de morada, asalto con fines de robo y otros delitos contra la propiedad disminuyó de alrededor del 12 por ciento a aproximadamente el 9 por ciento. En el caso de las personas con cargos relacionados con drogas, la proporción bajó de alrededor del 14 por ciento a aproximadamente el 11 por ciento. Los cargos relacionados con violencia doméstica y familiar disminuyeron de casi el 7 por ciento a alrededor del 5 por ciento de todos los cargos vinculados a estas solicitudes de retención. Los cargos por delitos sexuales se mantuvieron prácticamente estables, en alrededor del 6 por ciento antes y después de la entrada en vigor de la ley.

Mientras tanto, las cifras del condado de Gwinnett muestran que la HB 1105 ha provocado un aumento en la detención y remisión a las autoridades federales de personas que, como Cristhian, entraron en contacto con las autoridades locales por infracciones menores. Las solicitudes de retención migratoria de ICE para personas acusadas de infracciones relacionadas con el tránsito aumentaron de casi el 17 por ciento a aproximadamente el 24 por ciento de todos los cargos vinculados a estas solicitudes.

La gran mayoría de estas personas han sido latinas. Más de una cuarta parte de los residentes del condado de Gwinnett nació en otro país, según datos de la Comisión Regional de Atlanta. De esta población nacida en el extranjero, casi la mitad proviene de países de América Latina. Sin embargo, las personas provenientes de países latinoamericanos representaron casi todas —alrededor del 94 por ciento— de las solicitudes de retención migratoria que analizó 285 South. México representó aproximadamente un tercio de las personas con solicitudes de retención, seguido por Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador.

En mayo de este año, 285 South visitó Plaza Las Americas —un centro comercial del condado de Gwinnett con una clientela mayoritariamente hispana— para hablar con comerciantes y empleados. De las 15 personas a las que preguntamos, nueve dijeron conocer a alguien que había sido detenido y deportado después de una infracción de tránsito. La mayoría de los detenidos eran personas latinas provenientes de países como Colombia, Honduras, El Salvador y Venezuela.

En respuesta a una solicitud de comentarios, la Oficina del Sheriff del condado de Gwinnett envió un correo electrónico: “La Ley 1105 de la Cámara de Representantes es una ley de Georgia que la Oficina del Sheriff del condado de Gwinnett está obligada a cumplir. La Oficina del Sheriff cumple con la HB 1105 y acata las solicitudes de retención migratoria como lo exige la ley”. El representante Petrea, patrocinador del proyecto de ley, no respondió a una solicitud de comentarios.

“Las cifras cuentan una historia muy preocupante: infracciones menores de tránsito han provocado que una cantidad desproporcionada de personas indocumentadas sean detenidas en Georgia”, dijo Jerry González, director ejecutivo de GALEO, una organización sin fines de lucro que trabaja para aumentar la participación cívica de los latinos.

Las legislaturas de Texas y Florida también han aprobado leyes que obligan a las agencias locales del orden público a cumplir con las solicitudes de retención migratoria, mientras que otros estados —entre ellos California, Oregón e Illinois— han tomado medidas para restringir la capacidad de las autoridades locales de cumplir con estas solicitudes, a menos que estén acompañadas de una orden judicial.

Uno de los críticos más contundentes del aumento en el uso de las solicitudes de retención migratoria de ICE ha sido el representante estatal Marvin Lim, del Distrito 98 de la Cámara de Representantes de Georgia, que incluye partes de Lilburn, Tucker y Norcross, donde viven muchas personas indocumentadas. “Existe una preocupación importante de que haya más personas que finalmente fueron deportadas, o más personas atrapadas en el sistema que de otro modo no habrían quedado atrapadas por cargos tan menores”, dijo Marvin. “Una vez que entras al sistema debido a una retención de ICE, no importa si ese cargo finalmente fue desestimado. Sabemos de casos específicos en los que los cargos fueron desestimados y, aun así, debido a que la persona estaba bajo una retención de ICE, finalmente fue detenida” por ICE.

El costo de HB1105

Antes de la aprobación de HB 1105, las agencias locales del orden público podían decidir si cumplían o no con las solicitudes de retención migratoria. Si las jurisdicciones locales querían aumentar su participación en la aplicación de las leyes migratorias, podían incorporarse al programa 287(g), que permite establecer acuerdos de colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante los cuales ciertos agentes locales reciben autorización para desempeñar algunas funciones de control migratorio. Bajo determinados acuerdos 287(g), los agentes autorizados pueden emitir solicitudes de retención migratoria de ICE.

Cuando la HB 1105 fue aprobada en 2024, sus críticos expresaron preocupación por lo que ocurriría cuando las agencias locales asumieran una mayor responsabilidad en la aplicación de las leyes migratorias federales. “La HB 1105, en la práctica, convierte a todo el estado en una jurisdicción 287(g)”, dijo en ese momento David Schaefer, vicepresidente de investigación y políticas del Georgia Budget & Policy Institute (GBPI).

Schaefer también dijo que la HB 1105 era “costosa y les quita recursos escasos a los gobiernos locales”, citando investigaciones previas del GBPI que encontraron que, entre 2008 y 2017, cumplir con las solicitudes federales de retención migratoria le costó a los gobiernos locales de Georgia un estimado de $88 millones —un promedio anual de unos $9 millones en todo el estado—. “Los gobiernos locales de Georgia recuperaron apenas un 12 por ciento de los costos estimados de imponer retenciones migratorias durante un período de nueve años, entre 2008 y 2016”, señala el informe. Los condados que tenían acuerdos 287(g) enfrentaron un impacto aún mayor: el condado de Gwinnett perdió al menos $9.8 millones durante un período de ocho años, un promedio de $1.2 millones al año.

En respuesta a nuestra consulta, un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Gwinnett escribió: “El costo de alojar a un recluso es el mismo independientemente de si esa persona es objeto de una solicitud de retención migratoria”.

“La HB 1105 hace que esos [acuerdos] 287(g) sean casi innecesarios”, dijo Adam Sawyer, director de la empresa de análisis de datos Relevant Research, que analiza regularmente datos de ICE. Durante el segundo gobierno de Trump, señaló, la atención pública a menudo se ha concentrado en imágenes de redadas, paradas de tránsito violentas y, en ocasiones, tiroteos mortales protagonizados por agentes de ICE. El procedimiento de las solicitudes de retención migratoria, dijo Adam, tiende a pasar desapercibido, pero hacer un seguimiento de ellas ayuda a comprender la magnitud del impacto de la aplicación de las leyes migratorias en las comunidades locales.

Debido a las solicitudes de retención migratoria de ICE, los objetivos del gobierno federal en materia de inmigración están recibiendo un apoyo crucial del estado de Georgia y, en este caso, del condado de Gwinnett. “Entre el 287(g) y las retenciones migratorias, [Georgia] está cubierta”, dijo Adam. “Yo diría que esto coloca a Georgia, y al condado de Gwinnett, entre los estados donde veremos a las agencias locales del orden público haciendo el trabajo del gobierno federal, para que el gobierno federal pueda trabajar en otras partes del país”.

El sheriff del condado de Gwinnett, Keybo Taylor, se postuló para el cargo en 2020 con la promesa de limitar la cooperación del condado con las autoridades migratorias federales y, poco después de asumir el cargo, canceló el programa 287(g) del condado. 285 South solicitó una entrevista con el sheriff Taylor para preguntarle cómo su oficina ha estado cumpliendo con los requisitos de la HB 1105 y con las solicitudes de retención migratoria de ICE, pero su oficina rechazó la entrevista y pidió que enviáramos las preguntas por correo electrónico.

Cristhian, el hombre deportado después de ser detenido por la policía en el condado de Gwinnett por una infracción de tránsito, se había mudado a Georgia unos ocho meses antes de su arresto. Encontró trabajo trasladando muebles en una bodega, donde trabajaba unos seis días a la semana. En su único día libre, generalmente se quedaba en casa lavando ropa, limpiando y viendo películas. Estaba ahorrando dinero y enviando parte de sus ingresos a su hija, que permanecía en México. Mientras estuvo detenido, durante un tiempo no pudo mantenerla económicamente.

Después de ser deportado, Cristhian terminó su relación con su novia. Mantener una relación a distancia no funcionó y no tiene planes de regresar a Estados Unidos. Perdió todas sus pertenencias, incluido su automóvil y su ropa.

Desde México, dijo que estaba teniendo dificultades para adaptarse a su nueva vida. “Había noches que uno no podía dormir. Caminaba yo en las madrugadas; hasta que fui asimilando todo”, dijo. Había noches en las que no podía dormir. Caminaba durante las primeras horas de la madrugada, hasta que poco a poco fui asimilando todo.

*Este proyecto fue posible gracias a una colaboración con el programa de becas de investigación periodística de la Ida B. Wells Society.

Cómo analizamos los datos: 285 South utilizó Claude Code para ayudarnos a analizar cuatro años de datos sobre solicitudes de retención migratoria correspondientes a personas bajo custodia de la cárcel del condado de Gwinnett, que obtuvimos mediante una solicitud de registros públicos. Un humano verificó el trabajo de Claude Code para asegurarse de que cumpliera con nuestros estándares de publicación. El uso de inteligencia artificial en esta investigación nos permitió ofrecer a nuestra audiencia información más precisa y completa en un plazo más corto de lo que habría sido posible de otra manera, incluyendo próximas investigaciones sobre el impacto de la HB 1105 y las solicitudes de retención migratoria de ICE en otros condados del área metropolitana de Atlanta.